@abrilpenaabreu
Cada cierto tiempo el sistema de salud dominicano vuelve a demostrar que, cuando las cosas se complican, el primero en pagar las consecuencias no es quien toma las decisiones, sino quien necesita atención médica.
Las clínicas privadas anunciaron la suspensión de los servicios programados para los afiliados de ARS Primera y ARS Futuro. Las emergencias seguirán atendiéndose, sí, pero el mensaje es claro: el conflicto llegó a un punto en que las negociaciones dejaron de ser suficientes.
Las clínicas aseguran que las tarifas que reciben llevan años sin reflejar la realidad económica. Alegan que los medicamentos cuestan más, los equipos médicos son más caros, los salarios han aumentado, la energía eléctrica sigue subiendo y mantener un centro de salud abierto es cada vez más costoso. Dicen que simplemente ya no les da.
Del otro lado están las ARS, que administran recursos con un marco regulatorio definido y sostienen que tampoco pueden asumir incrementos ilimitados sin afectar la sostenibilidad del sistema.
Y mientras ambos defienden sus números, el ciudadano descubre que la tarjeta por la que ha cotizado durante años no siempre garantiza el acceso a la atención cuando la necesita.
Aquí es donde surge la pregunta incómoda: ¿cómo puede un sistema diseñado para proteger al afiliado permitir que un conflicto comercial termine limitando su acceso a los servicios?
Porque el paciente no negoció las tarifas, el paciente no firmó los contratos, el paciente no participa en las discusiones financieras, pero termina siendo quien paga el precio.
Esto también obliga a mirar hacia las autoridades. La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) y el Consejo Nacional de la Seguridad Social no pueden limitarse a observar cómo dos actores esenciales del sistema llegan a un punto de ruptura. Su responsabilidad es garantizar el equilibrio entre la sostenibilidad financiera y el derecho constitucional a la salud.
Y aquí hay otra reflexión necesaria, si las clínicas afirman que las tarifas son insuficientes, alguien tendrá que demostrarlo con datos.
Si las ARS dicen que pagan lo justo, también deberán demostrarlo con transparencia. Porque en un sistema donde circulan miles de millones de pesos cada año, la sociedad merece saber cómo se distribuyen los recursos, cuánto cuesta realmente cada procedimiento, cuál es el margen de las clínicas y cuál es el de las aseguradoras.
Sin transparencia, cada parte defenderá su verdad y la población seguirá sin saber quién tiene la razón, la salud no puede convertirse en un pulso de poder.
No puede depender de quién resista más tiempo una negociación y mucho menos puede utilizar al paciente como mecanismo de presión.
Este conflicto debería servir para algo más que resolver una diferencia entre dos sectores. Debería abrir una discusión profunda sobre la sostenibilidad de todo el sistema de seguridad social dominicano, porque si clínicas y aseguradoras afirman que el modelo ya no funciona como está diseñado, entonces quizá el problema no sea únicamente uno u otro, sino un esquema que necesita actualizarse.
La verdadera prueba de un sistema de salud no es cómo funciona cuando todo marcha bien, sino cómo protege al ciudadano cuando aparecen los conflictos.
Y hoy, esa prueba vuelve a dejar demasiadas preguntas sin responder.
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