@abrilpenaabreu
La discusión sobre la Ley de Libertad de Expresión terminó convertida en una batalla alrededor de la injuria, la difamación y el temor a la censura. Son temas importantes. Nadie quiere un Estado con poder para callar voces incómodas.
Pero mientras todos mirábamos ese árbol, dejamos de mirar el bosque.
Porque el verdadero desafío ya no es únicamente qué puede decir un periodista o un ciudadano. El desafío es cómo queremos que funcione el ecosistema digital dominicano durante los próximos veinte años.
Hoy la conversación pública ocurre mucho menos en periódicos, radio o televisión y mucho más en plataformas privadas como Facebook, Instagram, TikTok, X o YouTube. Los algoritmos deciden qué vemos, qué se vuelve viral y hasta qué temas dominan la agenda nacional.
Y, sin embargo, seguimos discutiendo con un marco legal pensado para otro siglo, la pregunta que casi nadie quiso responder es sencilla:
¿Qué reglas necesita República Dominicana para convivir en este nuevo ecosistema digital? No se trata únicamente de proteger la libertad de expresión.
También se trata de proteger la verdad, de proteger a las víctimas de campañas de difamación organizadas, de enfrentar las estafas digitales.
De responder al uso malicioso de la inteligencia artificial, de establecer responsabilidades para quienes monetizan deliberadamente la mentira.
De definir cuál debe ser la responsabilidad ética de quienes informan y de decidir qué papel deben jugar gigantes tecnológicos como Meta, Google o TikTok dentro de nuestro país.
¿Podemos exigir transparencia algorítmica? ¿Podemos pedir mayor cooperación frente a delitos? ¿Podemos establecer obligaciones para plataformas que obtienen enormes beneficios económicos de nuestra audiencia?
Esas son preguntas legítimas y discutirlas no convierte automáticamente a nadie en enemigo de la libertad.
Regular no siempre significa censurar, también significa crear reglas claras, garantizar derechos y establecer responsabilidades. Europa lleva años intentando hacerlo, Brasil, Australia y otros países también discuten cómo equilibrar innovación, libertad y responsabilidad.
República Dominicana no debería quedarse fuera de esa conversación, pero hay otro problema que pocas veces admitimos, quizás el verdadero obstáculo no sea jurídico, quizás sea económico.
Hoy el escándalo genera más clics que el análisis, la mentira suele producir más ingresos que la rectificación.
El insulto consigue más alcance que el argumento, mentras ese modelo siga siendo rentable, siempre habrá quienes prefieran que nada cambie.
Porque el desorden también produce dinero y los llamados “mangos bajitos” seguirán siendo más fáciles de cosechar que construir credibilidad.
Tal vez por eso el debate terminó reducido a una pelea sobre quién puede insultar a quién, mientras tanto, seguimos sin responder la pregunta realmente importante:
¿Qué internet quiere construir la República Dominicana? Porque tarde o temprano tendremos que responderla.
Y sería una pena que, por miedo a hablar de regulación, renunciemos también a hablar de responsabilidad.
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