@abrilpenaabreu
El Senado aprobó en primera lectura el proyecto de ley que regula los juegos de azar, y antes de que la discusión se quede atrapada en tecnicismos tributarios conviene nombrar lo que existe en la realidad antes de lo que dice el papel. Según datos oficiales del propio Ministerio de Hacienda, en este país hay más de 71,000 bancas de lotería y deportivas registradas. Lo que existe sin registro nadie lo sabe con certeza, pero cualquiera que haya recorrido un municipio dominicano sabe que la respuesta es muchas más, porque la lotería no necesita ni siquiera un local identificado como tal, con un verifone se vende en una paletera, en un colmado, en cualquier esquina, sin que nadie lleve un registro real de cuántos puntos de venta existen ni qué está pasando con esos ingresos.
Tampoco habla del sector donde sí existe una competencia desleal flagrante y sin excusas: el de las apuestas en línea. Miles de dominicanos participan a diario en plataformas nacionales e internacionales que operan en el país sin pagar un peso de impuestos aquí, sin verificación real de edad, sin ningún mecanismo de protección al jugador, y sin que el Estado tenga herramientas efectivas para supervisarlas. Ahí hay un vacío legal concreto que una buena reforma debería cerrar con mecanismos técnicos reales y no con declaraciones de intención.
Pero el punto más delicado del proyecto no está en las apuestas digitales sino en las agencias hípicas, y merece explicarse con claridad. Las hípicas son establecimientos autorizados para apuestas sobre carreras de caballos, pero llevan tiempo instalando computadoras, monitores y juegos electrónicos en sus puntos de venta, convirtiéndose en la práctica en casinos informales. Los tragamonedas en República Dominicana están legalmente reservados para casinos en hoteles de primera categoría, no para cualquier local en cualquier esquina. Sin embargo, nadie ha podido detenerlos, y el proyecto de ley no dice que habrá tragamonedas en las hípicas, pero tampoco dice que no los habrá, lo que significa que ese vacío legal seguirá existiendo exactamente igual que antes, con la diferencia de que ahora tendrá el respaldo de una ley nueva encima.
Y hay algo más que la propia ADOBAD, la asociación de bancas deportivas, ya denunció: el esquema tributario del proyecto crearía condiciones tan desventajosas para las bancas deportivas que incentivaría su conversión en agencias hípicas, que según el texto quedarían exentas de impuestos de operación. O sea, la ley que supuestamente ordena el sector podría terminar creando el incentivo perfecto para que los mismos operadores se disfracen de hípicas, paguen menos impuestos y expandan los juegos electrónicos que hoy operan sin autorización clara. Eso no es regular, es reorganizar el negocio bajo mejores condiciones para quienes ya dominan el sector.
Y la propuesta de eliminar el metraje mínimo entre bancas, que establece la distancia mínima que debe existir entre un local de apuestas y otro, lo dice todo. En un país que ya tiene 71,000 bancas registradas, donde en muchos municipios resulta más fácil encontrar una banca que una biblioteca, una cancha deportiva o cualquier oferta de entretenimiento alternativo para los jóvenes, eliminar esa restricción de distancia solo puede tener un resultado: más bancas, en más esquinas, en más comunidades donde ya no hay casi nada más que bancas.
Regular no puede convertirse en sinónimo de expandir. Una ley que deja abierto el vacío de las hípicas, crea incentivos tributarios para que las bancas se conviertan en agencias hípicas y elimina el metraje entre locales no es una reforma. Es un favor bien documentado a los mismos que ya dominan el sector.
La verdadera discusión no es cuántas bancas tendrá República Dominicana. Es qué tipo de país estamos construyendo para la próxima generación. Y esa pregunta merece una respuesta más honesta que la que estamos escuchando en el Congreso.
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