Hay errores que se cometen por descuido y hay errores que, por su gravedad, por su momento y por sus consecuencias, dejan de ser errores para convertirse en síntomas.
Lo que ha señalado el juez en el caso Jet Set no es un detalle procesal menor, es una advertencia seria sobre cómo se está administrando la justicia en uno de los expedientes más sensibles del momento y cuando el propio tribunal tiene que recordarle al Ministerio Público principios tan básicos como el derecho a la defensa y el principio de contradicción, entonces el problema no es técnico: es institucional.
Negar la participación de la defensa en un peritaje no es un simple “fallo”. Es una violación directa al debido proceso y no estamos hablando de una formalidad vacía, sino de una garantía constitucional —artículo 69— que existe precisamente para evitar abusos, manipulaciones o construcciones unilaterales de la verdad.
Porque en derecho penal, la prueba no vale solo por existir, vale porque puede ser cuestionada y si no puede ser cuestionada, no es prueba: es imposición.
Aquí es donde el caso comienza a incomodar de verdad. Porque cuando se acumulan elementos —peritajes sin contradicción, manejo dudoso de evidencias, restos trasladados sin claridad, vacíos en la cadena de custodia— la percepción pública deja de ser un problema de comunicación y pasa a ser un problema de credibilidad.
Y la credibilidad, en justicia, lo es todo.
Una sociedad como la dominicana, que ya arrastra niveles altos de desconfianza hacia sus instituciones, no puede darse el lujo de ver cómo un caso de alto perfil se maneja con zonas grises. Porque cada inconsistencia no solo debilita ese expediente: debilita todo el sistema.
Aquí es donde surge la pregunta incómoda, pero necesaria: ¿Fue un error… o una forma de hacer las cosas?
Porque cuando el procedimiento se salta reglas básicas, cuando la prisa sustituye el rigor, y cuando la transparencia brilla por su ausencia, el ciudadano empieza a sospechar. Y cuando el ciudadano sospecha, la justicia pierde autoridad moral, aunque conserve la legal.
El juez lo dijo con claridad: cada quien debe asumir su responsabilidad. Y esa frase pesa.
Pesa para el Ministerio Público, que tiene el deber de investigar con objetividad, no de construir casos a cualquier costo. Pesa para las autoridades, que deben garantizar procesos limpios, no resultados rápidos.
Y pesa para un sistema que, si no corrige, se erosiona desde dentro.
Porque la justicia no se mide solo en condenas, se mide en cómo se llega a ellas.
Y si el camino está viciado, la sentencia —sea cual sea— siempre estará bajo sospecha. Lo peligroso de este caso no es solo lo que pasó, es lo que deja ver.
Que cuando la coherencia se rompe, lo que se cae no es un expediente, es la confianza.
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