@abrilpenaabreu
Hay tragedias que revelan mucho más que un hecho aislado. Que un niño muera asesinado por otro niño ya es, por sí solo, una señal estremecedora de que algo profundo se está rompiendo dentro de la sociedad dominicana. Pero escuchar luego a la madre del menor agresor afirmar que buscó ayuda psicológica y no la recibió convierte el caso en algo todavía más grave, porque entonces la pregunta deja de ser únicamente qué hizo ese niño y pasa a ser qué no hizo el sistema antes de que ocurriera.
Cada vez es más frecuente escuchar historias similares. Padres que notan conductas violentas, episodios agresivos, cambios emocionales severos, amenazas, señales de alarma evidentes, y que al intentar buscar asistencia especializada se encuentran con listas de espera interminables, consultas privadas imposibles de pagar o una ausencia casi total de respuestas públicas efectivas. Y aunque muchas veces esas declaraciones puedan sonar a justificación en medio del dolor, ignorarlas sería un error enorme.
Los problemas conductuales infantiles no se resuelven con una conversación rápida ni con un consejo improvisado. Requieren evaluación, seguimiento, tratamiento, acompañamiento familiar y, muchas veces, intervención psiquiátrica especializada. Son procesos largos, emocionalmente desgastantes y extremadamente costosos para una población donde gran parte de las familias apenas logra cubrir alimentación, transporte y educación básica.
En República Dominicana, hablar de salud mental sigue siendo casi un privilegio económico. Conseguir un psicólogo infantil constante está fuera del alcance de miles de hogares. Conseguir un psiquiatra infantil es todavía más difícil. Y mientras el debate público se concentra únicamente en castigar después de la tragedia, seguimos ignorando el vacío previo: la falta de prevención, de detección temprana y de acceso real a tratamiento.
Lo más doloroso de este caso es que hay dos niños destruidos. Uno perdió la vida. El otro, aunque siga respirando, probablemente quedó marcado para siempre. Porque un menor que llega al extremo de quitarle la vida a otro niño tampoco es alguien que estaba bien. Es alguien que venía cargando conflictos emocionales, violencia aprendida, abandono institucional o desequilibrios que nadie logró contener a tiempo.
Y ahí es donde el Estado, la familia, la escuela y la sociedad completa quedan interpelados.
Durante años se ha advertido sobre el deterioro emocional de niños y adolescentes. Se ha hablado del impacto de la violencia doméstica, del contenido violento consumido desde edades tempranas, del bullying, de hogares fracturados, de abandono emocional y de la ausencia de especialistas en las escuelas públicas. Sin embargo, las respuestas siguen siendo mínimas frente a un problema que claramente está creciendo.
La salud mental infantil no puede seguir tratándose como un tema secundario o elitista. Porque cuando un país no atiende a tiempo las heridas emocionales de sus niños, termina enfrentando las consecuencias más tarde en forma de violencia, adicciones, criminalidad o tragedias como esta.
Y quizás lo más inquietante es que muchos padres dominicanos hoy escuchan esta historia y sienten miedo. Miedo porque saben que, si mañana descubrieran conductas alarmantes en sus propios hijos, probablemente tampoco tendrían dónde acudir de manera rápida, accesible y efectiva.
Ese es el verdadero fracaso que este caso deja al descubierto.
Acerca del autor
