@abrilpenaabreu
El Juzgado de la Instrucción de Santiago Rodríguez declaró prescrita la acción penal contra el sacerdote católico Anselmo Alejandro Peña Sánchez, acusado de presunta violación sexual. Con esa decisión, el proceso quedó cerrado de manera definitiva. No porque se demostrara que los hechos nunca ocurrieron. No porque un tribunal escuchara todas las pruebas y concluyera su inocencia. Terminó porque pasó el tiempo. Y eso, en delitos de esta naturaleza, deja una sensación profundamente amarga.
Porque hay delitos… y hay delitos.
No es lo mismo un fraude económico, una riña o un conflicto administrativo, que una agresión sexual cometida presuntamente por una figura espiritual. Cuando quien ocupa un altar, dirige una iglesia o guía la fe de otros utiliza esa posición para violentar a una persona, el daño trasciende lo físico. No solo se hiere el cuerpo. Se hiere la confianza. Se hiere la capacidad de creer. Se hiere la relación íntima entre el ser humano y aquello que considera sagrado.
Y eso no desaparece porque hayan pasado años.
La justicia trabaja con plazos. El trauma humano no.
Hay víctimas de abuso sexual que tardan décadas en hablar. Décadas. Especialmente cuando el agresor posee poder moral, influencia social o autoridad religiosa. El miedo, la culpa, la vergüenza y la presión comunitaria silencian a muchas personas durante años. Por eso, en numerosos países del mundo, los delitos sexuales contra menores y ciertos abusos cometidos desde posiciones de autoridad espiritual han comenzado a recibir tratamientos legales distintos, precisamente porque se ha entendido que el tiempo psicológico de una víctima no funciona igual que el tiempo procesal de un expediente.
Y ahí está uno de los grandes dilemas de esta historia.
Cuando la sociedad observa que casos de este tipo terminan cerrados por tecnicismos temporales, lo que se erosiona no es solo la credibilidad del sistema judicial. También se erosiona la credibilidad de las instituciones religiosas. Porque la percepción pública termina siendo devastadora: “pase lo que pase, al final siempre logran salir”.
Y esa percepción, justa o injusta, tiene consecuencias.
Cada vez más personas abandonan espacios religiosos tradicionales. Cada vez más jóvenes desconfían de figuras espirituales. Cada vez más creyentes separan su fe de las instituciones que deberían representarla. Y no ocurre únicamente por secularización moderna o cambios culturales. También ocurre porque demasiados escándalos terminaron en silencio, en traslados discretos, en acuerdos internos o en procesos que nunca llegaron verdaderamente al fondo.
Lo peligroso es que cuando la sociedad pierde confianza en quienes deberían representar valores morales, el daño colectivo es enorme. Porque las iglesias, independientemente de la religión, han sido durante siglos espacios de refugio emocional, orientación y contención social. Cuando esos espacios se contaminan con abusos y la sensación de impunidad domina, algo profundo se fractura en la conciencia colectiva.
Y no, esto no significa eliminar el debido proceso ni condenar automáticamente a nadie. La justicia debe ser garantista. Toda persona tiene derecho a defenderse. Pero también es válido preguntarse si ciertos delitos deberían tener límites temporales tan rígidos cuando el impacto que dejan puede perseguir a una víctima toda la vida.
Porque hay heridas que no prescriben.
Y cuando la ley le dice a una persona que el reloj vale más que su dolor, lo que muchas veces muere no es solamente un caso judicial. Muere también la confianza en que denunciar sirve de algo.
Ese quizá sea el verdadero problema de fondo
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