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La tensión entre el estado de Nueva York y la administración del presidente Donald Trump ha alcanzado un punto crítico, luego de que las autoridades neoyorquinas aprobaran una legislación que impide a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ocultar sus rostros durante operativos y redadas migratorias, lo que ha sido visto como una medida para proteger a las comunidades inmigrantes de posibles abusos de autoridad.
Esta medida, impulsada por la gobernadora demócrata Kathy Hochul, fue adoptada en un contexto de creciente tensión por la política migratoria federal, apenas un día después de que el llamado “zar de la frontera” de Trump, Tom Homan, amenazara con intensificar las deportaciones en Nueva York. La gobernadora argumentó que el uso de mascarillas por parte de los agentes se ha convertido en una “táctica de intimidación” que alimenta el miedo entre las comunidades inmigrantes.
Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca y la reactivación de las redadas masivas, las imágenes de agentes del ICE vestidos de negro, armados y con el rostro cubierto se han vuelto comunes en ciudades estadounidenses, lo que ha generado preocupación entre las organizaciones de derechos humanos, que denuncian que esta práctica dificulta la identificación de los agentes y favorece posibles abusos de autoridad.
La nueva legislación de Nueva York va más allá de las máscaras, ya que también limita la cooperación de policías y cárceles locales con ICE, prohíbe que inmigrantes detenidos sean retenidos en centros penitenciarios estatales por órdenes migratorias y veta operativos en escuelas, hospitales, iglesias y viviendas sin una orden judicial. La gobernadora insistió en que el estado continuará colaborando con las autoridades federales en casos criminales graves, pero rechazó convertir a las fuerzas locales en “extensiones” de la maquinaria migratoria federal.
El choque político se intensificó tras las declaraciones de Tom Homan, quien prometió desplegar más agentes federales en territorio neoyorquino si el estado continúa bloqueando la cooperación con ICE. Mientras tanto, la administración Trump ya prepara una batalla judicial, similar a experiencias en otros estados que han terminado en tribunales federales, como el caso de California en 2025, donde una ley parecida fue anulada por un juez federal al considerar que discriminaba contra funcionarios federales.
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