Hay decisiones que, por populares, parecen incuestionables. Reducir en un 50% los fondos destinados a los partidos políticos es una de ellas, en medio de un contexto económico complejo, la idea de “recortar gastos” y exigir sacrificios suena lógica, incluso necesaria.
Pero la política —como la economía— no se puede analizar solo desde la emoción o la percepción. Hay que mirar las consecuencias.
Y aquí es donde empieza el problema, durante años se ha construido un discurso que presenta a los partidos políticos como el origen de todos los males. La corrupción, el clientelismo y las malas prácticas han alimentado esa narrativa, muchas veces con razón. Pero de ahí a debilitar las estructuras que sostienen el sistema democrático hay un paso que no debería darse a la ligera.
Porque los partidos no son un lujo, son una necesidad.
Son el mecanismo a través del cual se organiza la competencia política, se forman liderazgos y se canaliza la representación ciudadana. Sin ellos, la democracia no desaparece de inmediato… pero se vuelve más frágil, más vulnerable y más desigual.
Reducir su financiamiento no elimina sus costos, lo que hace es cambiar la fuente de esos recursos y eso abre una puerta peligrosa.
Cuando el financiamiento público se debilita, aumenta la dependencia del financiamiento privado. Y cuando eso ocurre, la política corre el riesgo de responder menos al interés colectivo y más a intereses particulares, muchas veces invisibles.
Hay algo más que tampoco se está diciendo con suficiente claridad: los gobiernos, cualquiera que sea, ya tienen una ventaja estructural. Manejan recursos, ejecutan obras, tienen visibilidad constante y una capacidad de incidencia que ningún partido fuera del poder posee.
Si en ese escenario se reducen los fondos a los partidos, especialmente a los de oposición, lo que se genera no es ahorro… es desequilibrio.
Y una democracia sin equilibrio deja de ser plenamente democrática.
La discusión, entonces, no debería ser si se reduce o no el financiamiento. Debería ser cómo se mejora su uso, cómo se fortalece la transparencia y cómo se garantiza que cada peso invertido en política tenga un retorno en institucionalidad y representación.
Porque sí, los partidos deben cambiar, deben rendir cuentas, deben reconectarse con la gente, pero debilitarlos sin reformarlos es un error y uno costoso.
Porque por montarnos en una ola popular, sin entender del todo sus implicaciones, corremos el riesgo de que —como dice el dicho— nos salga más la sal que el chivo.
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