@abrilpenaabreu
Hay noticias que deberían estremecer mucho más de lo que normalmente estremecen, no porque sean nuevas sino precisamente porque empiezan a dejar de parecernos extrañas, y eso es más peligroso que la noticia misma.
Lo que circuló esta semana en redes sociales, la fotografía de puñales, machetes, vapeadores y alcohol incautados en operativos escolares, no es de un solo plantel ni de un solo municipio, sino el resultado acumulado de una semana de requisas que forman parte del programa de cultura de paz en cerca de 60 escuelas de la Regional 03 de Azua, que abarca las provincias de Azua, Peravia y San José de Ocoa. No es un caso aislado, es un patrón, y los patrones no se resuelven con operativos.
Dicho eso, los operativos merecen reconocimiento y hay que darlo con honestidad. El Ministerio de Educación anunció la creación de un centro de apoyo psicoemocional e intervención piloto en diez centros educativos para abordar la violencia de manera integral, y la Policía Escolar lleva semanas realizando requisas regulares en decenas de planteles de manera coordinada. Eso es correcto y necesario. Pero también hay que decir algo que incomoda: no basta, y no basta porque le estamos exigiendo demasiado a la escuela, y porque detrás de cada mochila con un machete hay una historia que ningún operativo puede resolver.
El año pasado se reportaron al Minerd más de 22,000 casos de agresiones entre estudiantes y más de 1,700 contra profesores. Eso no es indisciplina escolar, es violencia sistémica que llega al aula con los mismos estudiantes que llegan con machetes en la mochila, y que la escuela está recibiendo sin los recursos humanos, psicológicos ni institucionales para enfrentarla sola. La propia ADP señaló que hasta ahora se han informado los hallazgos sin que se conozcan las medidas disciplinarias adoptadas, lo que para la comunidad educativa equivale a decirle a los estudiantes que el riesgo existe pero las consecuencias no.
Cuando un niño siente la necesidad de cargar un arma blanca para ir a clases, el problema ya dejó de ser educativo. Ahí hay miedo, hay violencia aprendida, hay normalización del conflicto, hay ausencia de herramientas emocionales, y hay una cadena de adultos y de instituciones que fallaron antes de que ese niño llegara al aula, porque esos machetes no los fabricaron los estudiantes ni los compraron solos ni aprendieron a ver la violencia como respuesta válida dentro de un salón de clases, los aprendieron en la casa, en la calle, en el barrio, en ambientes donde el respeto se impone por miedo y no por formación.
Pero aquí hay que hacer una distinción que el debate público casi siempre omite porque es más cómodo no hacerla: no todos esos padres son padres ausentes ni indiferentes. Hay familias que ven el problema, que reconocen que su hijo necesita ayuda psicológica, que entienden que algo está fallando, y que aun así no pueden hacer nada porque el sistema no les da las herramientas para hacerlo. Una consulta psicológica privada en República Dominicana cuesta entre RD$2,000 y RD$4,000, y en casos de niños con problemas conductuales o especializados puede llegar a RD$7,000 o RD$10,000 por sesión. Para una familia que vive con menos de RD$30,000 mensuales, que es la realidad del 80% de los trabajadores formales de este país, eso no es un gasto posible, es una utopía, y mandarle a ese padre el mensaje de que revise la mochila de su hijo cada mañana sin ofrecerle ninguna alternativa real para abordar la raíz del problema es una crueldad disfrazada de consejo.
República Dominicana destina menos del 1% de su presupuesto en salud pública a la salud mental, y aunque el gobierno ha anunciado avances reales que hay que reconocer, la expansión de la línea 811, el aumento de camas de internamiento y la apertura de unidades de crisis en hospitales pediátricos, la brecha entre lo que existe y lo que se necesita para atender a tiempo a un niño con conductas de riesgo en una zona como Azua, Peravia o San José de Ocoa sigue siendo enorme, y esa brecha la pagan los estudiantes, los maestros y las familias que no tienen otra opción que esperar a que algo malo pase para que alguien reaccione.
Y a eso hay que sumarle algo que este país tampoco quiere discutir con la seriedad que merece: la ausencia casi total de actividades extracurriculares accesibles para los sectores populares. Un adolescente con tiempo libre, sin espacios deportivos, sin programas culturales, sin ninguna actividad que le dé identidad y pertenencia fuera del barrio y del grupo de pares que tiene más cerca, es un adolescente que el sistema está dejando a la deriva, y la deriva en comunidades con altos índices de violencia y presencia de estructuras criminales tiene un destino que todos conocemos pero pocos quieren nombrar.
La escuela puede enseñar matemáticas, historia y gramática, puede reforzar valores y orientar conductas, pero no puede reemplazar hogares destruidos, barrios violentos, padres que quieren hacer lo correcto y no tienen cómo, ni una sociedad que durante años normalizó la violencia como forma de control y recortó los espacios donde los jóvenes podían construir algo distinto.
La cultura de paz no puede ser únicamente un programa del Minerd, tiene que ser una política nacional transversal que involucre familias, iglesias, barrios, medios de comunicación, sector privado, alcaldías y organismos de seguridad, con presupuesto real para salud mental accesible, con espacios deportivos y culturales en las comunidades donde más se necesitan, con trabajadores sociales que lleguen antes del machete y no después, porque lo encontrado en esas mochilas no comenzó en una escuela, comenzó mucho antes, en espacios donde el Estado llega tarde o no llega, y mientras la respuesta siga siendo reactiva seguiremos teniendo la misma conversación con más objetos sobre la mesa y sin respuesta sobre qué pasó con el estudiante al que se los encontraron.
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