@abrilpenaabreu
En este país hay un sector al que el Estado le exige todo y no le da casi nada, que paga impuestos sin recibir servicios, que financia con su bolsillo lo que en cualquier otro lugar sería obligación pública, y que ahora, como si fuera poco, se entera de que el Gobierno quiere meterle mano también al único entretenimiento que le queda después de sobrevivir el mes. Estamos hablando de la clase media dominicana, ese sector invisible para las políticas sociales, omnipresente para el fisco, y completamente huérfano de representación real en la agenda pública.
Repasemos lo que ya paga antes de que llegue la nueva ocurrencia de la DGII.
Si quiere atención médica de calidad, paga seguro complementario y clínica privada, porque el sistema público no da para más. Si quiere transporte digno, paga carro, combustible caro y seguro, porque el transporte público es lo que es. Si quiere agua en su casa, paga cisterna, botellón, pozo tubular o tinaco, porque el acueducto es intermitente en el mejor de los casos. Si quiere luz, paga planta eléctrica o inversor, porque los apagones no discriminan. Si quiere seguridad, paga cámaras, rejas electrificadas, alarma y en muchos casos guardia privado, porque la Policía llega después. Si quiere educación de calidad para sus hijos, paga colegio privado, porque el sistema público tiene las brechas que tiene. Y si quiere vivienda, que no esté en casa del diablo y que no sea un estuche de fósforo, prepárese para comer pica pica con plátano durante veinte años o para ser millonario, porque de otra manera no hay opción accesible.
Todo eso, con sueldos que están entre los más bajos del continente, lo que significa que para sobrevivir hay que emprender, pero si se formaliza el emprendimiento, entonces empieza el verdadero castigo. Veintiséis por ciento de impuesto a las ganancias. Diez por ciento a los dividendos. Dieciocho por ciento de ITBIS adelantado sobre facturas que uno no sabe si va a cobrar. Uno por ciento de INFOTEP. Siete por ciento por cada empleado para la AFP. Cero punto quince por ciento por cada transferencia bancaria. Diez por ciento a las ganancias del ahorro. Y si se atrasa con algún pago, una multa del diez por ciento solo en el primer tablazo, para luego seguir subiendo a razón de casi uno por ciento diario, que es básicamente la tasa de un prestamista informal con licencia del Estado.
Y la factura telefónica, por si alguien tenía dudas de cómo funciona esto, lo ilustra perfectamente: sobre RD$8,274 pesos de servicios reales, el fisco se lleva RD$2,473 solo en impuestos, ITBIS del 18%, CDT del 2% e ISC del 10%, convirtiendo la factura final en RD$10,747 pesos. O sea, casi el 30% de lo que paga un dominicano por su teléfono e internet es puro Estado, un Estado que por cierto no tiende los cables, no instala las antenas ni da el servicio, solo llega a cobrar cuando alguien más lo hizo.
Y ahora, sobre ese mismo ecosistema tributario que ya exprime hasta el último peso, la DGII trabaja en un mecanismo para cobrarle ITBIS a Netflix, Spotify, iCloud y todas las plataformas de streaming, y el propio director de la institución reconoció que las plataformas ya están de acuerdo con ser gravadas.  O sea, Netflix está de acuerdo en cobrarle más al dominicano. Qué conveniente para todos, menos para el dominicano.
Que los servicios digitales tributen es un debate legítimo y que ocurre en muchos países, nadie está diciendo que sea ilegal ni descabellado en abstracto, el problema no es el impuesto, es el contexto en el que se aplica, porque en un país donde la clase media paga de su bolsillo la salud, la seguridad, el agua, la luz, la educación y el transporte que el Estado debería garantizar, gravarle también el único entretenimiento accesible que le queda después de costear todo lo demás no es política fiscal, es ensañamiento.
No reciben un solo bono. Ninguna exención relevante. Ningún programa diseñado para ellos. Ningún servicio público que funcione al nivel que pagan. Y sin embargo son el motor silencioso que sostiene la recaudación, que formaliza la economía, que genera empleo, que se queda cuando los que pueden se van, y que al final de una vida de trabajo se retira con una pensión que no alcanza para los medicamentos propios de la edad y un seguro médico básico que tampoco cubre las condiciones propias de envejecer con dignidad.
La pregunta que este país lleva décadas sin responder con honestidad es simple: ¿qué le debe el Estado dominicano a la clase media?
Porque mientras esa pregunta no tenga respuesta, la única certeza es que cada vez que haya que buscar de dónde sacar más, la respuesta va a ser la misma. Los de siempre.
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