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El director de la PEPCA afirmó que el Ministerio Público apelará los autos de no ha lugar emitidos a cinco imputados del caso Calamar, al considerar que hubo una errónea valoración de las pruebas.
Santo Domingo.– El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, anunció este viernes que el Ministerio Público apelará la decisión del tribunal que dictó auto de no ha lugar a cinco imputados del denominado caso Calamar, al considerar que hubo una “errónea apreciación de pruebas” por parte de la jueza.
Al ofrecer declaraciones tras conocerse la decisión judicial, Camacho sostuvo que la sola lectura del fallo dejó en evidencia, según el Ministerio Público, inconsistencias en la valoración de testimonios y documentos presentados durante el proceso.
“El Ministerio Público va a apelar esa decisión porque de la sola lectura de la decisión en el tribunal se hace evidente que hubo errónea apreciación de varias pruebas”, afirmó.
El procurador explicó que el tribunal acogió testimonios de algunos declarantes, entre ellos Ramón Emilio Jiménez, Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña, pero aseguró que al momento de emitir determinados autos de no ha lugar no hizo referencia a esas mismas declaraciones, lo que —según dijo— evidencia contradicciones en la motivación de la decisión.
Asimismo, indicó que uno de los acusados favorecidos con no ha lugar habría aportado un documento en el que, alegadamente, escribió de puño y letra nombres correspondientes a seis personas, incluyendo algunas fallecidas, elemento que el Ministerio Público considera relevante dentro del expediente.
Pese a cuestionar la exclusión de cinco imputados, Camacho defendió el alcance general del fallo y aseguró que el envío a juicio de 35 de los 40 acusados representa un avance para el caso.
“Que 35 personas de 40 hayan sido enviadas a juicio es un triunfo”, expresó.
El funcionario recordó además que los hechos investigados ocurrieron en el Ministerio de Hacienda y destacó que el entonces ministro de esa institución fue enviado a juicio de fondo junto a otros 34 acusados.
El caso Calamar investiga un presunto entramado de corrupción administrativa y manejo irregular de recursos públicos, señalados por el Ministerio Público como parte de un esquema de pagos ilícitos y financiamiento político.
Ahora corresponderá al Ministerio Público formalizar el recurso de apelación contra los cinco autos de no ha lugar emitidos por el tribunal.
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