Madrid. José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno español entre 2004 y 2011, ha quedado colocado en el centro de una de las investigaciones judiciales más sensibles de la democracia española reciente: el llamado caso Plus Ultra, una causa sobre presunto tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental vinculada al rescate público de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. La Audiencia Nacional lo ha citado como investigado para declarar el próximo 2 de junio, según informó el Poder Judicial español.
El caso gira alrededor de una pregunta políticamente explosiva: si una aerolínea con vínculos empresariales venezolanos recibió 53 millones de euros del Estado español gracias a una red de influencias en la que, según los investigadores, Zapatero habría tenido un papel relevante. RTVE señala que el juez José Luis Calama sitúa al exmandatario al frente de una presunta “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” orientada a obtener beneficios económicos mediante intermediaciones ante instancias públicas.
La aerolínea Plus Ultra recibió en 2021 un rescate de 53 millones de euros con cargo a la SEPI, el organismo estatal español que canalizó ayudas a empresas consideradas estratégicas durante la crisis sanitaria. Lo que comenzó como una controversia política por la idoneidad de aquella ayuda ha derivado, años después, en una investigación de mayor alcance: los investigadores analizan si parte de esos fondos públicos pudo terminar vinculada a operaciones de blanqueo procedentes de Venezuela.
De acuerdo con los informes de la UDEF citados por RTVE, Zapatero habría estado en la “cúspide” de una red de influencia, mientras que su despacho en la calle Ferraz, frente a la sede nacional del PSOE, habría funcionado como centro de coordinación. El auto judicial también menciona pagos que, según el juez, habrían beneficiado al expresidente y a empresas relacionadas con sus hijas, aunque ellas no figuran por ahora como investigadas.
La defensa del entorno de Zapatero niega la acusación, el expresidente se declara sorprendido por el contenido del informe policial, sostiene que se siente ajeno a las imputaciones y rechaza haber ejercido presiones para lograr el rescate de Plus Ultra. Su entorno también defiende la legalidad de sus actividades profesionales y de las sociedades vinculadas a su familia.
El expediente tiene un componente especialmente delicado: Venezuela. Plus Ultra mantenía rutas con Caracas y contaba con capital venezolano, mientras Zapatero acumulaba desde hace años un papel controvertido como mediador político en la crisis venezolana. Esa trayectoria, que sus defensores presentan como diplomacia informal, sus críticos la leen como cercanía excesiva al poder chavista. Ahora, la investigación judicial convierte esa vieja controversia política en un problema penal de alto voltaje.
El caso también golpea al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez, aunque jurídicamente la investigación se centra en hechos y personas concretas. Políticamente, sin embargo, el daño es evidente: un expresidente socialista citado como investigado por delitos de corrupción económica proyecta una sombra sobre el partido y ofrece munición inmediata a la oposición.
Hay un dato institucionalmente inédito: según RTVE, es la primera vez en democracia que un expresidente del Gobierno español debe declarar como imputado por delitos como organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.
Aun así, conviene subrayar lo esencial: Zapatero no ha sido condenado. Está en calidad de investigado, una fase procesal que permite al juez interrogarlo, contrastar indicios y darle oportunidad de defensa. En un caso tan cargado políticamente, esa precisión no es un formalismo: es la diferencia entre informar y prejuzgar.
Lo que viene ahora será decisivo. Si Zapatero logra explicar el origen de los pagos, la naturaleza de sus asesorías y su distancia real respecto al rescate, el caso podría debilitarse. Pero si los investigadores prueban que hubo una estructura organizada para influir en decisiones públicas y canalizar beneficios privados, España estaría ante un escándalo de proporciones históricas.
Por ahora, el caso Plus Ultra ya dejó de ser solo una investigación sobre una aerolínea rescatada. Se ha convertido en una prueba de resistencia para la justicia española, para el PSOE y para la credibilidad de una figura que durante años se movió entre la política nacional, la diplomacia paralela y los tableros más opacos de América Latina.
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