Hay decisiones judiciales que no terminan cuando cae el martillo del juez, al contrario, es ahí cuando comienza el verdadero debate y el caso de Wander Franco parece ser uno de ellos.
Porque más allá de tecnicismos legales, artículos procesales o interpretaciones sobre la aplicación del perdón judicial, hay algo mucho más profundo que hoy inquieta a buena parte de la sociedad dominicana:
¿Qué mensaje deja este caso sobre cómo entendemos la protección de nuestros menores?
La pregunta no surge únicamente porque Wander Franco fue declarado penalmente responsable por abuso sexual y psicológico contra una menor y posteriormente beneficiado con un perdón judicial.
Surge también por el lenguaje utilizado desde el propio tribunal y por el giro que terminó tomando toda la conversación pública.
Particularmente inquietante fue aquella expresión pronunciada durante el proceso, donde se planteó que todo pudo haber quedado “en el misterio de la sombra del secreto de una familia”.
Y ahí conviene detenerse. Porque si algo ha demostrado la historia —en República Dominicana y en el mundo— es que precisamente el secreto familiar ha sido durante décadas uno de los grandes refugios del abuso.
Muchas víctimas callan, callan por miedo, por dependencia económica, por vergüenza, por presión social o porque nadie les cree. Los delitos contra menores rara vez prosperan bajo la luz, su territorio natural suele ser el silencio familiar.
Por eso resulta inevitable preguntarse si el mensaje correcto puede ser siquiera insinuar que lo deseable habría sido que algo permaneciera dentro del ámbito privado.
Porque no, el verdadero problema social nunca ha sido que estos casos salgan a la luz.
El problema histórico ha sido exactamente el contrario: que demasiadas veces permanecieron ocultos.
Pero hay otra arista igual de inquietante y es que, en algún punto del debate nacional, pareciera que la conversación cambió de protagonista.
El país comenzó hablando de una menor de edad y terminó hablando de la extorsión, de los millones perdidos, de la carrera afectada, del pelotero, de la celebridad, de Wander Franco.
Y aquí surge una pregunta incómoda: ¿En qué momento la víctima dejó de ser el centro del debate?
Porque una cosa no necesariamente elimina la otra, si hubo chantaje o manipulación económica posterior, eso merece investigación y consecuencias.
Pero también es cierto algo difícil de ignorar: los hechos juzgados ocurrieron antes de todo lo demás, el debate posterior no cambia el momento inicial y ahí reside parte de la incomodidad social.
Porque queda la sensación de que el país terminó discutiendo más el daño sufrido por una figura pública que el daño sufrido por una menor y cuando eso ocurre, la señal social se vuelve peligrosa.
No porque debamos ignorar matices jurídicos, tampoco porque toda sentencia impopular sea necesariamente incorrecta.
Pero la justicia también tiene una responsabilidad institucional: generar confianza y claridad moral sobre aquello que una sociedad está llamada a proteger, especialmente cuando se trata de menores.
Porque las sentencias no solo resuelven expedientes, también envían mensajes y cuando parte importante de la ciudadanía termina con la sensación de que el peso de la fama, el dinero o el escándalo terminó alterando el centro moral del caso, el problema ya no es solo jurídico, es institucional.
Y entonces queda una pregunta incómoda, pero inevitable: Después de todo esto, ¿qué mensaje creen que recibió una menor que hoy esté pensando si denunciar un abuso vale realmente la pena?
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