Hay noticias que no solo estremecen: también obligan a hacer preguntas incómodas.
La muerte de un bebé de cuatro meses en una guardería de Santo Domingo Este, cuyo certificado de defunción señala como causa una hemorragia cerebral y un trauma contuso, no puede verse como un hecho aislado. Las autoridades deberán establecer las responsabilidades penales y civiles que correspondan, respetando el debido proceso y la investigación en curso.
Pero mientras la justicia determina qué ocurrió en este caso, el país tiene otra obligación: preguntarse cuántas tragedias más hacen falta para entender que la protección de la primera infancia no puede depender únicamente de la buena fe de quienes administran un centro infantil.
En los últimos años hemos visto una sucesión de casos que parecen repetirse con una frecuencia alarmante: niños golpeados, mordidos por otros menores sin la supervisión adecuada, humillados, víctimas de negligencia e, incluso, fallecidos mientras estaban bajo el cuidado de personas a quienes sus padres confiaron lo más valioso que tienen.
Cada caso provoca indignación durante algunos días. Se hacen entrevistas, circulan videos, se anuncian investigaciones y luego llega el silencio. Hasta que aparece la siguiente tragedia.
Ese ciclo tiene que terminar, nadie discute el derecho a la libre empresa, los centros de cuidado infantil privados cumplen una función social importante y permiten que miles de padres puedan trabajar con la tranquilidad de que sus hijos están protegidos.
Pero precisamente porque cumplen una función tan delicada, no pueden operar bajo los mismos criterios que cualquier otro negocio.
Cuando un establecimiento recibe bebés y niños pequeños, deja de ser simplemente una empresa privada. Se convierte en un espacio donde el Estado tiene el deber irrenunciable de garantizar que existan estándares mínimos de seguridad, personal capacitado, protocolos de emergencia, controles periódicos y mecanismos eficaces de supervisión.
La Constitución y la Ley 136-03 colocan el interés superior del niño como prioridad absoluta. Eso significa que la protección de la niñez está por encima de cualquier consideración económica o administrativa.
Las preguntas entonces son inevitables: ¿Cuántos de los centros infantiles que funcionan en el país reciben inspecciones regulares? ¿Con qué frecuencia? ¿Quién verifica la capacitación del personal? ¿Quién comprueba las condiciones de seguridad? ¿Qué ocurre cuando un centro incumple las normas? ¿Existe un registro público para que los padres conozcan cuáles cumplen y cuáles han sido sancionados?
Si esas respuestas no son claras, entonces el sistema tiene un problema. La reacción del Estado no puede limitarse a intervenir cuando ya hay una víctima. Gobernar también significa prevenir.
Cada tragedia infantil que pudo evitarse representa un fracaso colectivo: de quien actuó con negligencia, de quien debía supervisar y no lo hizo, y de un sistema que llega después del daño.
No se trata de demonizar a todas las guarderías, la inmensa mayoría de quienes trabajan cuidando niños lo hacen con vocación, responsabilidad y enorme entrega. Precisamente por ellas también hace falta una supervisión seria, porque eleva los estándares del sector y diferencia a quienes trabajan correctamente de quienes nunca debieron estar al frente de un niño.
Los padres dejan a sus hijos en una guardería esperando volver a abrazarlos al final del día, no deberían volver a recibir una llamada que cambie sus vidas para siempre.
La protección de la niñez no puede depender de la suerte, tiene que depender de un Estado que supervise, de centros que rindan cuentas y de una sociedad que entienda que con los niños no se improvisa.
Porque cuando un país falla en proteger a sus niños, no solo pierde una vida, pierde parte de su humanidad.
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