@abrilpenaabreu
Hay iniciativas gubernamentales que merecen ser reconocidas cuando apuntan en la dirección correcta y la anunciada fiscalización de las paradas de motoconchos por parte del Ministerio de Interior y Policía parece responder a una preocupación legítima de millones de dominicanos: el creciente desorden vial, la violencia protagonizada por algunos motoristas y la sensación de que, en demasiadas ocasiones, las leyes de tránsito simplemente dejaron de existir.
La intención, sin duda, es buena, porque nadie puede negar que el país necesita mayor regulación sobre un sector que, aunque representa sustento económico para miles de familias, también se ha convertido —en algunos casos— en foco de informalidad, accidentes, caos vial e incluso actividades delictivas.
El problema, sin embargo, no es la intención. El problema es la capacidad real del Estado dominicano para hacer cumplir lo que promete y ahí es donde empiezan las preguntas incómodas.
Porque hablamos de un país donde circulan más de dos millones de motocicletas, pero donde apenas una fracción de sus conductores cuenta con licencia formal para conducir. Según datos oficiales, el universo de motociclistas debidamente regularizados sigue siendo extremadamente bajo frente al volumen total existente.
Entonces la pregunta es inevitable: ¿Tenemos realmente el personal, la tecnología y la estructura institucional para fiscalizar en tiempo real semejante cantidad de vehículos?
Porque una cosa es anunciar operativos y otra muy distinta sostenerlos en el tiempo.
Ya el propio sistema ha mostrado enormes limitaciones, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) lleva años intentando organizar el sector motociclista y los resultados, siendo honestos, han sido modestos. No solo por la baja cantidad de licencias emitidas, sino porque incluso medidas relativamente básicas terminan encontrando resistencia o retroceso institucional.
La mejor evidencia la vimos hace apenas días, el Intrant terminó reculando con la exigencia del uso obligatorio de cascos homologados, una medida que, aunque impopular para algunos sectores, tenía una lógica evidente de seguridad vial. Si el Estado ni siquiera logra sostener una disposición sobre el tipo de casco que debe usarse, ¿cómo hará para supervisar miles de paradas, depurar conductores, verificar antecedentes y mantener vigilancia constante sobre millones de motores?
Y esto no es una crítica a la ministra Faride Raful en particular, de hecho, hay que reconocerle algo: al menos está intentando enfrentar un problema que muchos gobiernos han preferido administrar antes que resolver.
Pero ordenar el caos motociclista dominicano requerirá mucho más que ruedas de prensa y operativos temporales.
Requerirá voluntad política sostenida, presupuesto, más agentes, más tecnología, coordinación entre Interior y Policía, Intrant, DIGESETT, ayuntamientos y sistema judicial.
Y, sobre todo, requerirá asumir una realidad incómoda: en República Dominicana existe una cultura de informalidad vial tan arraigada, que intentar corregirla implica inevitablemente enfrentar resistencias políticas, sociales y económicas.
Porque no estamos hablando solo de motores, estamos hablando de un ecosistema completo que durante décadas ha operado bajo reglas paralelas.
Por eso, sí: hay que felicitar la intención, pero también hay que decirlo con honestidad: el verdadero reto no es anunciar el control. El verdadero reto será demostrar que esta vez el Estado tiene cómo sostenerlo.
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