@abrilpenaabreu
La democracia no se fortalece cuando todos piensan igual. Se fortalece cuando las diferencias pueden expresarse sin miedo, cuando el debate sustituye al insulto y cuando el derecho a hablar convive con el deber de respetar.
Las recientes declaraciones de la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Campos, recordando que la libertad de expresión no debe confundirse con libertinaje, han generado conversación. Más allá de quién pronuncie la frase, el fondo del mensaje merece ser analizado.
Vivimos una época en la que cualquiera puede convertirse en un medio de comunicación con apenas un teléfono celular. Esa democratización de la información ha sido positiva porque ha permitido que muchas voces antes invisibles hoy tengan espacio. Pero también ha traído desafíos que hace apenas dos décadas eran impensables.
La libertad de expresión protege el derecho a opinar, criticar, investigar, denunciar e incluso incomodar al poder. Sin ese derecho no existiría un periodismo libre ni una ciudadanía capaz de fiscalizar a sus gobernantes.
Sin embargo, ningún derecho fundamental es absoluto, no existe libertad para difamar deliberadamente, fabricar pruebas, incitar a la violencia o destruir la reputación de una persona mediante información falsa presentada como verdad. Esas conductas no fortalecen la democracia; la debilitan.
Tampoco debe confundirse la crítica con el odio. En una sociedad democrática es legítimo cuestionar decisiones públicas, denunciar actos de corrupción o discrepar de cualquier autoridad. Lo que resulta incompatible con una convivencia sana es convertir la descalificación permanente, el acoso digital o la mentira en herramientas de comunicación.
El desafío consiste precisamente en mantener ese equilibrio: defender con firmeza la libertad de expresión mientras se promueve una cultura de responsabilidad.
Ese equilibrio también exige prudencia por parte del Estado. La solución nunca debe ser utilizar el argumento del “libertinaje” como excusa para limitar voces críticas o restringir el trabajo de periodistas y ciudadanos. La historia demuestra que cuando los gobiernos deciden qué opiniones pueden expresarse, las democracias comienzan a debilitarse.
La respuesta está en la aplicación de las leyes existentes, en una justicia independiente, en el derecho a la rectificación, en la educación mediática y en una ciudadanía cada vez más capaz de distinguir entre información, opinión y desinformación.
República Dominicana ha construido durante décadas un espacio de debate cada vez más plural. Ese avance debe protegerse.
Porque una democracia madura no le teme a las ideas distintas, pero tampoco puede normalizar que la mentira, la difamación o el odio se disfracen de libertad.
La verdadera fortaleza de una sociedad libre no consiste únicamente en garantizar que todos puedan hablar, consiste también en que todos comprendan la enorme responsabilidad que implica tener voz.
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