RDalDescubierto- Ayer, cientos de munícipes de Pedro Brand, La Guáyiga y La Cuaba marcharon hasta el Palacio Nacional para expresar su rechazo a la instalación de un vertedero a cielo abierto y una planta de clasificación de residuos sólidos en su municipio. Más allá de la discusión técnica, la movilización plantea una pregunta que el Estado está obligado a responder: ¿por qué una comunidad con vocación ambiental debe cargar con las consecuencias de un problema que genera toda la Gran Santo Domingo?
Pedro Brand no es un territorio cualquiera. Es uno de los municipios con mayor riqueza natural de la provincia Santo Domingo. Sus montañas, ríos, arroyos, cañadas, bosques y áreas de conservación han convertido a la zona en un espacio con un enorme potencial para el ecoturismo, el turismo de montaña y el desarrollo sostenible. Incluso iniciativas públicas y legislativas han promovido durante años esa visión de futuro.
Precisamente por ello resulta incomprensible que, mientras por un lado se habla de impulsar inversiones vinculadas al turismo de naturaleza y a la protección ambiental, por el otro se pretenda instalar infraestructura relacionada con el manejo de basura.
Conviene hacer una precisión importante. Un vertedero a cielo abierto no es un relleno sanitario. Son conceptos completamente distintos. El primero implica la disposición de residuos con un impacto ambiental mucho mayor, mientras que una planta de clasificación tampoco elimina los riesgos inherentes al manejo masivo de desechos. Allí llegan toneladas de basura que deben ser descargadas, separadas y almacenadas antes de su disposición final. Eso significa tránsito constante de camiones, generación de malos olores, presencia de vectores, emisión de partículas y, sobre todo, el riesgo permanente de contaminación del suelo y de las fuentes de agua si los controles fallan.
La historia dominicana demuestra que los problemas ambientales casi nunca aparecen el primer día. Comienzan años después, cuando disminuye la supervisión, faltan recursos para el mantenimiento o las instalaciones terminan operando por encima de su capacidad. Entonces los costos los pagan las comunidades, no quienes aprobaron los proyectos.
Lo más preocupante es que el debate parece haber dejado de lado a quienes vivirán allí. Ningún proyecto de esta magnitud puede imponerse sin una verdadera consulta pública, sin estudios hidrogeológicos transparentes, sin evaluaciones ambientales independientes y sin explicar con absoluta claridad cuáles serán las consecuencias para las presentes y futuras generaciones.
República Dominicana necesita resolver de manera urgente la crisis de los residuos sólidos. Nadie discute eso. Lo que sí debe discutirse es dónde, cómo y bajo qué criterios se toman esas decisiones. Resolver un problema nacional no puede significar trasladar sus efectos negativos a una comunidad cuya principal fortaleza es precisamente su patrimonio natural.
Pedro Brand no está rechazando el desarrollo. Está defendiendo un modelo distinto de desarrollo: uno basado en el agua, los bosques, la biodiversidad, el turismo ecológico y la calidad de vida de sus habitantes.
Cuando una comunidad sale a las calles para defender sus ríos y sus montañas, el Estado tiene la obligación de escuchar antes de imponer.
Porque destruir un patrimonio natural toma muy poco tiempo. Recuperarlo puede tomar generaciones.
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