La discusión sobre el proyecto Romero, impulsado por GoldQuest Mining, ha puesto a la República Dominicana frente a uno de esos dilemas que definen etapas: cómo aprovechar nuestros recursos sin hipotecar lo que nos sostiene.
San Juan no es una provincia cualquiera. Es tierra de producción, de agua, de sustento. Pero también es, y hay que decirlo sin rodeos, una de las provincias más pobres del país, con altos niveles de desempleo e informalidad.
Y ahí está la paradoja que debería incomodarnos a todos: el llamado “granero del sur” no logra traducir su vocación productiva en bienestar para su gente.
Eso no es solo un dato, es un síntoma, ni la riqueza natural ni pobreza garantizan desarrollo, este contexto cambia completamente la discusión.
Porque San Juan no puede seguir atrapada entre dos extremos: producir sin prosperar o explotar recursos sin garantías.
Negarnos de plano a cualquier proyecto minero puede parecer prudente, pero también puede ser una forma de perpetuar el estancamiento, ningún territorio sale de la pobreza solo con potencial.
Pero aceptar sin condiciones, bajo la promesa de desarrollo, sería repetir una historia que América Latina conoce demasiado bien.
El punto correcto —y el único responsable— es otro:
evaluar, exigir y decidir con reglas claras.
La propuesta: convertir este caso en un antes y un después, el Proyecto Romero no debe tratarse como un proyecto más.
Debe convertirse en un punto de inflexión, si se va a hacer minería en una provincia agrícola y vulnerable, tiene que hacerse bajo un modelo que marque un antes y un después en el país.
Eso implica una decisión firme: que el proceso sea completamente transparente y público, no solo técnico, que exista vigilancia independiente real, con participación de academia y comunidades, que el agua sea una línea roja innegociable, que los beneficios no sean promesas, sino resultados medibles en la provincia y que haya consecuencias automáticas y ejecutables si algo falla.
Porque el problema nunca ha sido la falta de discursos responsables, ha sido la falta de cumplimiento.
Aquí hay un punto que no se está discutiendo lo suficiente: San Juan no necesita elegir entre agricultura o minería, pero tampoco puede permitir que una sustituya a la otra.
Si el proyecto avanza, debe hacerlo complementando y fortaleciendo la economía agrícola, no desplazándola ni poniéndola en riesgo , de lo contrario, no sería desarrollo, sería reemplazo.
El verdadero examen aquí es institucional, el éxito de este proyecto no dependerá únicamente de lo que prometa la empresa.
Dependerá de algo mucho más complejo: la capacidad del Estado dominicano para regular, supervisar y sancionar sin titubeos.
Los estándares internacionales existen, las buenas prácticas también, la diferencia siempre ha estado en la ejecución.
Si el país no puede garantizar controles efectivos, el problema no es la minería, es que no estamos preparados para asumirla en estas condiciones.
Si algo está claro en este debate es que la provincia no puede seguir cargando con decisiones que se toman lejos de su realidad, si San Juan va a asumir el riesgo, debe recibir protección real, beneficios tangibles y garantías firmes, no discursos.
Porque lo verdaderamente vergonzoso no sería intentar aprovechar sus recursos, lo vergonzoso sería que, teniendo tierra, agua y potencial, su gente siga sin ver resultados.
Decidir bien, no decidir rápido, esto no es un tema para extremos ni para prisas, es un tema para decisiones bien hechas.
El oro puede generar ingresos durante años, pero el agua, la tierra y la estabilidad social sostienen generaciones.
La República Dominicana no puede equivocarse otra vez, pero tampoco puede seguir postergando decisiones por miedo.
La salida no está en decir sí o no, está en algo más difícil: hacer que, si se hace, se haga bien.
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