Santo Domingo. El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de no ha lugar a favor del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, del exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y de Daniel Guerrero Mena, hijo del exministro de Hacienda Donald Guerrero, dentro del proceso judicial conocido como caso Calamar.
La decisión fue adoptada por la jueza Altagracia Ramírez, quien consideró que las pruebas presentadas en la etapa preliminar no eran suficientes para enviar a estos imputados a juicio de fondo.
En contraste, el tribunal ordenó apertura a juicio contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero, al entender que los señalamientos del Ministerio Público deben ser conocidos en una fase de fondo, donde se determinará su responsabilidad penal o inocencia.
Junto a Guerrero también fueron enviados a juicio el abogado Ángel Lockward, sus empresas, Agustín Mejía Ávila, Princesa Alexandra García Medina, Juan Tomás Polanco Céspedes, Julián Omar Fernández Figueroa, Kimberly Salas Martínez, Natalie Hernández Guzmán y Luis Miguel Picciril, según reportes de prensa sobre el fallo.
El expediente Calamar involucra acusaciones de presunta corrupción administrativa, asociación de malhechores, desfalco, falsificación, soborno, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos. Diario Libre reseñó que el Ministerio Público atribuye al caso maniobras vinculadas a pagos irregulares por terrenos declarados de utilidad pública, pagos a contratistas y supuestas operaciones relacionadas con bancas de apuestas.
El Ministerio Público había solicitado que los principales imputados fueran enviados a juicio de fondo, mientras las defensas pidieron declarar nula la acusación y dictar auto de no ha lugar.
Tras conocerse la decisión, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, anunció que apelarán los autos de no ha lugar dictados a favor de varios imputados, por lo que el proceso todavía no queda cerrado de manera definitiva para todos los favorecidos.
El caso Calamar ha sido uno de los expedientes de corrupción administrativa más relevantes de los últimos años en República Dominicana, tanto por el volumen económico señalado como por el perfil político de los imputados, entre ellos exfuncionarios de alto nivel del gobierno de Danilo Medina.
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