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En el marco de una operación conjunta entre la Dirección General de Migración y el Ministerio Público, un inspector de migración fue arrestado tras ser sorprendido recibiendo una suma de RD$100 mil de una mujer para agilizar su viaje hacia España desde el aeropuerto Internacional de Punta Cana.
La operación, llevada a cabo de manera coordinada por ambas instituciones, culminó con la detención del inspector, quien fue pillado in fraganti cuando se disponía a recibir el dinero en una entrega controlada autorizada por una jueza.
Según las autoridades, la investigación se inició después de que la presunta víctima denunciara que el inspector le había solicitado RD$100 mil para permitirle viajar a España, utilizando su posición para obtener un beneficio económico ilícito.
Tras la denuncia, el Ministerio Público activó un operativo de vigilancia en coordinación con la Dirección General de Migración, observando al imputado durante varios días hasta que se organizó la entrega controlada del dinero, que contó con autorización judicial y permitió documentar la conducta delictiva.
La operación se llevó a cabo bajo el amparo del Auto No. 02535-2026, emitido el 26 de junio de 2026 por una jueza del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia.
El arresto se produjo cuando el inspector acudió a un punto acordado para recibir el dinero, siendo intervenido por los equipos de vigilancia del Ministerio Público.
La entrega controlada fue ejecutada por un equipo especializado de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, en coordinación con la Dirección General de Migración.
Las investigaciones están siendo dirigidas por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa y la Fiscalía de La Altagracia, con el apoyo de la Dirección de Inteligencia de la DGM y otros equipos especializados.
Las autoridades destacaron que este tipo de operaciones forma parte de la estrategia para fortalecer la lucha contra la corrupción administrativa y enfrentar las redes del crimen organizado.
El Ministerio Público informó que presentará formalmente al imputado ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Altagracia, solicitando medidas de coerción por los hechos que se le atribuyen.
Con este caso, las autoridades buscan enviar un mensaje de cero tolerancia hacia los actos de corrupción que comprometan la integridad de los servicios migratorios y la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas del control fronterizo y aeroportuario del país.
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