La escena es brutal, el chofer de camión recolector de basura, un trabajador que apenas sobrevive con un salario limitado, termina asesinado tras un conflicto de tránsito en Santiago, no fue un sicario, no fue un atraco planificado, fue algo más preocupante: una turba.
Una manada y eso es lo verdaderamente alarmante.
Porque lo que ocurrió no es un hecho aislado. Es el síntoma de una enfermedad social que lleva años incubándose en las calles de la República Dominicana: la sustitución de la razón por la reacción colectiva, del Estado por la turba, de la justicia por el impulso.
Durante años hemos normalizado una dinámica peligrosa: conflictos mínimos que escalan en segundos, discusiones que se convierten en agresiones, y agresiones que terminan en tragedia. Pero hay un patrón que se repite con inquietante frecuencia: cuando el conflicto involucra motoristas, la lógica desaparece y entra en juego la mentalidad de grupo.
No se investiga quién tuvo la culpa, no se evalúan los hechos, no hay mediación, lo que hay es identificación automática: “uno de los nuestros” frente a “el otro” y en ese instante, la violencia se legitima dentro del grupo.
Ese comportamiento no surge de la nada. Se construye… se construye cuando durante años se permite que ciertos sectores operen al margen de la ley sin consecuencias.
Se construye cuando se ignoran las agresiones en las calles porque “eso siempre ha sido así”. Se construye cuando el Estado no logra imponer autoridad en los espacios más cotidianos de la convivencia ciudadana.
Y se consolida cuando la sociedad decide mirar hacia otro lado, porque hay una verdad incómoda: este tipo de hechos no solo son responsabilidad de quienes participaron directamente, sino también de una cultura que ha tolerado la violencia como mecanismo de resolución.
El resultado es este: ciudadanos que actúan como si fueran intocables cuando están en grupo.
Lo ocurrido en Santiago no es solo un crimen. Es una señal de alerta, es la evidencia de que, en determinados contextos, la ley ha dejado de ser el límite.
Y cuando la ley deja de ser el límite, la vida pierde valor, aquí hay otro elemento que no puede ignorarse: la víctima.
Un trabajador de un camión recolector de basura, uno de esos hombres que sostienen el funcionamiento básico de nuestras ciudades, muchas veces en condiciones precarias y con salarios que apenas alcanzan.
Murió no por delincuencia organizada, sino por una reacción descontrolada, murió porque una masa decidió que podía hacerlo, murió porque a pesar de buscar refugio en las autoridades estas no actuaron y lo mataron en sus narices.
Eso debería sacudirnos, porque hoy fue él, mañana puede ser cualquiera.
Este país no puede seguir normalizando que las calles se conviertan en espacios donde la ley es sustituida por la fuerza del grupo. No puede seguir tolerando que existan sectores que operen bajo una lógica paralela, donde la pertenencia a una “manada” otorga una falsa sensación de impunidad.
Aquí hay una responsabilidad institucional clara:
El Estado tiene que recuperar el control del espacio público, tiene que garantizar que los conflictos de tránsito no terminen en linchamientos, tiene que enviar un mensaje inequívoco de que la violencia colectiva tendrá consecuencias.
Pero también hay una responsabilidad social: dejar de justificar lo injustificable, porque mientras sigamos viendo estos episodios como “casos aislados”, lo que estamos haciendo es permitir que se repitan.
Lo de Santiago no fue un accidente, fue el resultado de años de permisividad y si no se corrige, no será el último.
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