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Se conoció en las últimas horas que Defienden en el Tribunal Constitucional artículos del Código Penal sobre aborto y vida prenatal Un conjunto de ciudadanos, líderes sociales y organizaciones de la sociedad civil dominicana depositó ante el una intervención voluntaria en respaldo del Código Penal aprobado en 2025, específicamente de los artículos relacionados con la protección de la vida humana desde la concepción, en respuesta a la acción directa de inconstitucionalidad sometida por entidades que favorecen la despenalización del aborto en el país.
En ese sentido, Los firmantes manifestaron su rechazo al recurso presentado contra varias disposiciones contenidas en la Ley No. 75-2025, argumentando que los artículos cuestionados guardan plena armonía con los principios establecidos en la Constitución dominicana y no vulneran derechos fundamentales. De acuerdo con el documento entregado ante la alta corte, las organizaciones sostienen que el nuevo Código Penal mantiene coherencia con el artículo 37 de la Constitución, el cual establece de manera expresa que “el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte”. En ese sentido, afirman que no existe contradicción jurídica entre la Carta Magna y las disposiciones legales que penalizan el aborto dentro del ordenamiento jurídico dominicano.
Las fuentes consultadas sostuvo que entre las entidades y figuras que respaldan esta posición se encuentran la Los comparecientes también sostienen que en la República Dominicana no existe un derecho fundamental al aborto reconocido constitucionalmente, ni tratados internacionales ratificados por el Estado que obliguen a legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Asimismo, cuestionaron el papel de diversas organizaciones que impulsan la despenalización del aborto, alegando que algunas de ellas reciben financiamiento internacional destinado a promover cambios en la legislación nacional sobre derechos reproductivos y aborto. En el documento presentado ante el tribunal, los firmantes argumentan además que el sistema legal y los protocolos médicos vigentes en el país permiten a los profesionales de la salud actuar libremente para preservar la vida de las pacientes sin que ello implique desproteger al concebido.
Por otra parte, “En la República Dominicana, tanto la ley como los protocolos médicos otorgan plena libertad a los profesionales de la salud para utilizar sus conocimientos médicos con el fin de salvar vidas”, expresaron las organizaciones, asegurando que la normativa actual no obliga a poner en peligro la vida de la madre para proteger la del bebé en gestación. De igual manera, indicaron que el Estado dominicano tiene la responsabilidad constitucional de garantizar la protección de la vida prenatal y advirtieron que ningún tribunal puede crear, mediante interpretación judicial, un supuesto derecho al aborto que no se encuentre expresamente reconocido en la Constitución. La intervención voluntaria también recibió el apoyo de otras entidades religiosas y sociales, entre ellas el Según explicaron los defensores del Código Penal, la acción de inconstitucionalidad fue promovida por las organizaciones , quienes anexaron documentos de apoyo suscritos por organismos nacionales e internacionales vinculados a la promoción de los derechos reproductivos y la despenalización del aborto.
La ciudadanía aguarda con atención la evolución de estos hechos.
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