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Jartum, Sudán. La administración de Estados Unidos intensificó su estrategia para presionar a los actores que alimentan la guerra en Sudán, imponiendo nuevas sanciones contra empresas, intermediarios y redes internacionales acusadas de facilitar el reclutamiento de mercenarios, el suministro de recursos y el apoyo logístico a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), uno de los dos bandos enfrentados en el conflicto que desde abril de 2023 ha devastado el país.
Las medidas, anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, buscan cortar las fuentes de financiamiento que permiten a las RSF mantener su capacidad militar. Entre los sancionados figuran empresas y personas acusadas de reclutar exmilitares colombianos para combatir en Sudán, una práctica que Washington considera un factor que prolonga la guerra y agrava la crisis humanitaria.
El conflicto enfrenta a las RSF, dirigidas por Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti), y a las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF), encabezadas por Abdel Fattah al-Burhan. Lo que comenzó como una disputa por el poder tras el fallido proceso de transición democrática se ha convertido en una guerra de desgaste que mantiene combates en Jartum, Darfur, Kordofán y otras regiones estratégicas del país.
Una crisis humanitaria sin precedentes
La guerra ha provocado el desplazamiento de millones de personas y una emergencia alimentaria de enormes proporciones. Organismos internacionales consideran que Sudán enfrenta actualmente una de las peores crisis humanitarias del planeta, con amplias zonas afectadas por hambruna, colapso del sistema sanitario y graves violaciones de derechos humanos.
Estados Unidos sostiene que la presión económica pretende reducir la capacidad operativa de los grupos armados y favorecer un eventual alto el fuego, aunque diversos analistas consideran que las sanciones, por sí solas, difícilmente modificarán el equilibrio militar mientras continúe el apoyo externo que reciben ambos bandos.
La comunidad internacional aumenta la presión
Las nuevas medidas se suman a sanciones adoptadas anteriormente por la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Reino Unido contra comandantes, empresas y redes vinculadas al conflicto. En paralelo, continúan los esfuerzos diplomáticos para lograr un cese de hostilidades que permita ampliar el acceso de ayuda humanitaria a millones de civiles atrapados por la guerra.
A más de tres años del inicio de la guerra, las perspectivas de una solución negociada siguen siendo inciertas. Mientras tanto, la población civil continúa pagando el costo más alto de un conflicto que ha desestabilizado el noreste de África y amenaza con extender sus repercusiones al resto de la región.
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