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Venezuela se encuentra en una situación de emergencia nacional, con miles de familias afectadas y más de 12.000 heridos, luego de los terremotos del 24 de julio, que han detenido el proceso de reformas institucionales y el camino hacia unas eventuales elecciones.
El país, que había iniciado un nuevo capítulo con la apertura de sectores como el petrolero, el minero y el eléctrico a la inversión privada y extranjera, ahora enfrenta el desafío de subsanar los daños físicos equivalentes a 6.700 millones de dólares, alrededor del 6 % del producto interior bruto (PIB), según estimaciones preliminares del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro, se enfrenta a una catástrofe que pone a prueba no solo a su gobierno, sino también al plan establecido por la Administración de Donald Trump para Venezuela, especialmente la segunda de las tres fases: recuperación.
La líder chavista ha impulsado una amnistía y cientos de excarcelaciones de presos políticos, y ha anunciado un proceso de reforma del sistema de justicia penal y otro para la reestructuración del Gobierno, pero ahora se enfoca en la atención a la emergencia nacional.
La semana anterior a los sismos, EE.UU. había dado un paso enfocado en la tercera y última etapa de su plan: la transición, con el envío a Caracas de la opositora Dinorah Figuera para comenzar unas conversaciones con el chavismo, pero ahora todo se ha detenido debido a la tragedia.
Según la Constitución, la falta temporal del mandatario será suplida por el vicepresidente ejecutivo por 90 días, prorrogables por 90 más, para un total de 180 días, en caso de que así lo decida el Parlamento, que al final no lo discutió, y ahora se cumple ese plazo, por lo que el Parlamento debería decidir si hay o no una ausencia absoluta.
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