Washington, Estados Unidos. Una jueza federal bloqueó este lunes el uso ampliado del sistema SAVE (Systematic Alien Verification for Entitlements), una base de datos administrada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que la administración del presidente Donald Trump buscaba utilizar para verificar la ciudadanía de votantes registrados en distintos estados del país.
La decisión fue emitida por la jueza federal Sparkle Sooknanan, quien concluyó que las modificaciones realizadas al sistema podrían vulnerar la privacidad de millones de ciudadanos estadounidenses y provocar la exclusión errónea de votantes legítimos de los registros electorales.
SAVE fue creado originalmente para verificar el estatus migratorio y la elegibilidad de personas que solicitan beneficios gubernamentales. Sin embargo, durante el último año el Departamento de Seguridad Nacional amplió sus funciones para facilitar que estados y autoridades electorales comprobaran si las personas inscritas para votar eran ciudadanos estadounidenses.
Según la sentencia, las modificaciones permitían búsquedas masivas de registros y ampliaban el acceso a información sensible, incluidos datos personales protegidos por leyes federales de privacidad. La magistrada consideró que el sistema presentaba riesgos de errores y podía identificar incorrectamente como no ciudadanos a personas naturalizadas que sí tienen derecho al voto.
En su fallo, Sooknanan sostuvo que el gobierno federal no puede comprometer simultáneamente el derecho a la privacidad y el derecho al voto bajo el argumento de reforzar la seguridad electoral. La jueza también determinó que la expansión del sistema podría violar disposiciones federales relacionadas con el manejo de datos personales y números de Seguro Social.
La administración Trump defendió la medida argumentando que era necesaria para evitar la participación de personas no autorizadas en procesos electorales. Funcionarios del DHS insistieron en que el objetivo era fortalecer la integridad del sistema electoral estadounidense y combatir posibles irregularidades.
No obstante, organizaciones como la League of Women Voters y grupos defensores de derechos civiles sostuvieron que la herramienta era propensa a errores y que ya había contribuido a la eliminación indebida de ciudadanos de algunos registros electorales estatales.
La decisión representa un nuevo revés judicial para los esfuerzos de la Casa Blanca de ampliar la participación del gobierno federal en la supervisión electoral. En los últimos meses, varios tribunales también han bloqueado otras iniciativas relacionadas con requisitos de ciudadanía para votar, acceso a padrones electorales estatales y restricciones al voto por correo.
¿Por qué importa?
El fallo reabre uno de los debates más sensibles de la política estadounidense: hasta dónde puede llegar el gobierno federal en la verificación de votantes sin afectar derechos civiles fundamentales.
Además, el caso podría terminar en una corte de apelaciones e incluso llegar a la Corte Suprema, convirtiéndose en una de las disputas electorales más importantes antes de las elecciones de medio término de noviembre.
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