Johannesburgo, Sudáfrica. El Gobierno de Sudáfrica desplegó este martes miles de policías y mantuvo a las Fuerzas Armadas en estado de alerta ante una jornada de protestas convocadas por grupos que exigen la expulsión de inmigrantes indocumentados, en medio de un clima de creciente tensión social y temor a nuevos episodios de violencia.
Las manifestaciones, organizadas principalmente por los movimientos March and March, Operation Dudula y Progressive Forces, habían fijado el 30 de junio como fecha límite para que los inmigrantes en situación irregular abandonaran el país. Aunque el Gobierno dejó claro que ese ultimátum no tiene validez legal, miles de extranjeros optaron por salir de Sudáfrica o buscar refugio en consulados y embajadas por miedo a ataques xenófobos.
Las marchas se desarrollaron en ciudades como Johannesburgo, Durban y otras localidades del país. Si bien la mayoría transcurrió de manera pacífica, se registraron incidentes aislados, enfrentamientos con la policía, saqueos y ataques contra personas señaladas como extranjeras. En algunos sectores, comercios permanecieron cerrados y numerosos trabajadores migrantes decidieron no salir de sus viviendas por temor a represalias.
El presidente Cyril Ramaphosa reconoció que existe preocupación ciudadana por la inmigración irregular, pero advirtió que ninguna persona o grupo tiene autoridad para hacer cumplir las leyes migratorias por cuenta propia.
“El derecho a protestar no autoriza a intimidar, amenazar o ejercer violencia contra otras personas”, expresó el mandatario.
Una crisis alimentada por la economía
Sudáfrica enfrenta una de las tasas de desempleo más elevadas del continente, con alrededor de un tercio de su población sin trabajo. Esa realidad, sumada al lento crecimiento económico y la elevada desigualdad, ha favorecido el discurso de sectores que responsabilizan a los inmigrantes del desempleo, el aumento de la delincuencia y la presión sobre los servicios públicos.
Sin embargo, especialistas y datos oficiales sostienen que la población nacida en el extranjero representa apenas alrededor del 4 % de los habitantes del país y no existe evidencia que respalde la idea de que los migrantes sean responsables del incremento de la criminalidad.
Repatriaciones y preocupación regional
La tensión ha llevado a varios gobiernos africanos a organizar la repatriación de sus ciudadanos. Nigeria, Malaui, Zimbabue, Ghana y otros países han coordinado vuelos y transporte terrestre para asistir a cientos de personas que decidieron abandonar Sudáfrica.
Las autoridades sudafricanas informaron además que han abierto más de un centenar de investigaciones contra grupos de vigilantes involucrados en actos de intimidación y violencia desde el inicio de esta ola xenófoba.
Un problema recurrente
Los ataques contra inmigrantes no son un fenómeno nuevo en Sudáfrica. El país ha registrado graves episodios de violencia xenófoba en 2008, 2015, 2019 y 2021, dejando decenas de fallecidos y miles de desplazados. La actual crisis vuelve a poner a prueba la capacidad del Estado para garantizar el orden público y proteger los derechos humanos, mientras persisten profundas dificultades económicas y sociales.
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