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Este lunes 15 de junio, el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva será el centro de atención del país, ya que se dictarán dos sentencias judiciales de gran trascendencia. En una misma jornada, los tribunales deberán tomar decisiones sobre el caso del colapso de la discoteca Jet Set Club y el caso de corrupción administrativa conocido como Coral y Coral 5G.
La primera sentencia se emitirá a las 10:00 de la mañana, cuando el juez Raymundo Mejía Zorrilla, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, anuncie su resolución respecto a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del establecimiento nocturno que colapsó y dejó un saldo de 236 fallecidos y más de 80 personas lesionadas. El juez deberá determinar si hay méritos suficientes para ordenar la apertura de un juicio de fondo o si procede dictar un auto de no ha lugar a favor de los imputados.
Debido a la gran cantidad de personas vinculadas al proceso, las autoridades judiciales han decidido no permitir el acceso físico de los medios de comunicación a la audiencia. En su lugar, se habilitará una transmisión en vivo a través de la plataforma YouTube para garantizar el seguimiento público del fallo.
Más tarde, a las 3:00 de la tarde, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dará lectura al veredicto del juicio de fondo seguido contra el exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), Adán Cáceres Silvestre, y varios oficiales militares, policiales y civiles señalados por integrar una presunta estructura de corrupción desmantelada mediante las operaciones Coral y Coral 5G. La presidenta del tribunal, magistrada Gisselle Méndez, ha dejado el fallo en estado de reserva luego de concluir las audiencias y valorar las conclusiones presentadas por todas las partes.
El Ministerio Público, representado por la procuradora fiscal Mirna Ortiz y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), ha solicitado penas de entre cinco y veinte años de prisión, además de la incautación de bienes, al sostener que la presunta red habría provocado un perjuicio superior a los RD$4,500 millones al patrimonio estatal. Por otro lado, las defensas de los acusados han reclamado la absolución de sus representados, argumentando que las pruebas aportadas por el órgano acusador resultan insuficientes para sustentar una condena penal.
Es importante destacar que el acceso de la prensa a la lectura de esta sentencia no estará sujeto a restricciones especiales, a diferencia de la audiencia matutina. El país está a la expectativa de estos veredictos cruciales que podrían tener un impacto significativo en la justicia y la transparencia en el país.
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