@abrilpenaabreu
Hay algo profundamente peligroso que se ha normalizado en República Dominicana, el día que alguien es sometido a la justicia, automáticamente deja de ser un acusado para convertirse —al menos ante la opinión pública— en culpable.
No importa si existe una sentencia, no importa si el proceso apenas comienza, no importa siquiera si las pruebas resisten el escrutinio judicial, la condena social llega primero y llega rápido.
En un país donde la Constitución reconoce la presunción de inocencia, pareciera que hemos decidido colectivamente sustituirla por otra figura no escrita: la culpabilidad por percepción.
Basta un expediente, una rueda de prensa, una filtración, un titular o una acusación viral para que una persona sea destruida públicamente. Se vuelve meme, se vuelve apodo, se vuelve caricatura.
En República Dominicana hemos visto cómo nombres de figuras públicas terminaron reducidos a sobrenombres burlones, acusaciones repetidas hasta convertirse en “verdades” populares o símbolos permanentes de corrupción antes incluso de existir una sentencia definitiva.
Y aquí hay que hacer una pausa, porque no estamos hablando de simpatías políticas, no se trata de si usted cree que alguien “seguro hizo algo” o de si le cae bien o mal un dirigente, empresario o funcionario.
Estamos hablando de algo mucho más serio: el derecho de cualquier ciudadano a ser considerado inocente hasta que un tribunal diga lo contrario.
Hoy muchos casos altamente mediáticos han terminado con descargos, archivos, no ha lugar o absoluciones. Pero quedan varias preguntas: ¿Quién devuelve el nombre perdido? ¿Quién devuelve los años de angustia? ¿Quién devuelve las fortunas gastadas en defensa? ¿Quién devuelve el daño familiar, psicológico y reputacional?
Porque incluso cuando alguien es descargado, muchas veces ya perdió algo imposible de recuperar: su reputación, la justicia puede absolver, pero la opinión pública rara vez perdona.
Y sí, hay que decir algo importante: una absolución judicial no convierte automáticamente a nadie en santo, como tampoco una acusación convierte automáticamente a alguien en criminal.
Ese es precisamente el punto, en un Estado de derecho, la culpabilidad no se decide en redes sociales, ni en programas de opinión, ni en filtraciones interesadas, ni en titulares diseñados para generar indignación.
La decide un tribunal, con pruebas, con procesos, con derecho a defensa y esto no solo afecta a grandes figuras políticas, los hay más y menos mediáticos desde el esposo de Sarah Pepen hasta los dos jóvenes que duraron un año preso para luego resultar que el violador y asesino era otro. ¿Quién les devuelve ese tiempo? ¿Quién les limpia el expediente social?
Porque aunque legalmente sean inocentes, muchas veces la sociedad ya emitió su sentencia y aquí hay otra conversación pendiente: el populismo jurídico.
La peligrosa tendencia de convertir procesos judiciales en espectáculos públicos, donde parece más importante satisfacer el clamor popular que garantizar justicia real.
Porque cuando la justicia se convierte en show, todos estamos en riesgo, hoy es alguien que usted no soporta, mañana puede ser alguien inocente O peor aún… Mañana puede ser usted.
Defender la presunción de inocencia no es defender políticos, no es defender acusados.
Es defender una garantía que existe precisamente para evitar que el poder, el miedo colectivo o las emociones destruyan vidas sin pruebas definitivas.
Porque el día que aceptamos que basta una acusación para destruir a alguien… la justicia deja de ser justicia.
Y se convierte en linchamiento.
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