Santo Domingo. La Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA) denunció este miércoles que miembros de la Policía Nacional dispersaron con bombas lacrimógenas una manifestación pacífica que se dirigía al Palacio Nacional para reclamar mejores condiciones laborales y el cumplimiento de compromisos asumidos con el sector.
La movilización reunió a decenas de profesionales agropecuarios que exigían un salario mínimo de RD$50,000, pensiones dignas con cobertura médica para los técnicos retirados, la reposición de profesionales desvinculados de distintas instituciones públicas y una mayor inversión en el sector agropecuario.
Momentos de tensión se produjeron cuando los manifestantes intentaron avanzar hacia las inmediaciones del Palacio Nacional. Agentes policiales utilizaron gases lacrimógenos para impedir el paso, provocando la dispersión de la marcha y afectando a varios participantes, entre ellos el presidente de la ANPA, Tito Hernández, quien recibió asistencia médica tras el incidente.
El gremio calificó la actuación policial como un acto de represión contra una protesta pacífica y recordó que un día antes había advertido públicamente que responsabilizaba al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional de cualquier incidente que pudiera registrarse durante la manifestación.
Gobierno justifica la intervención
Tras los hechos, el Ministerio de Interior y Policía explicó que la marcha no contaba con la no objeción correspondiente y que el proceso de coordinación con las autoridades no había sido concluido, razón por la que, según la institución, fue necesario intervenir para preservar el orden público.
Sin embargo, la ANPA rechazó esa versión y aseguró que intentó depositar la comunicación oficial notificando la actividad, pero que las autoridades se negaron a recibirla, por lo que considera que se vulneró el derecho constitucional a la libre reunión y manifestación pacífica.
Un conflicto que trasciende la protesta
El enfrentamiento deja sobre la mesa un debate que va más allá de las reivindicaciones salariales. Mientras las autoridades defienden la necesidad de cumplir con los procedimientos administrativos para organizar marchas, los manifestantes sostienen que ningún trámite puede convertirse en un obstáculo para el ejercicio de un derecho fundamental garantizado por la Constitución.
El episodio también reabre la discusión sobre el manejo de las protestas sociales y el uso proporcional de la fuerza por parte de los organismos de seguridad, en un contexto en el que diversos sectores continúan reclamando mayores espacios para el diálogo y la concertación.
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