Santo Domingo. Tras casi cinco años de litigio judicial, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emitió este lunes una de las sentencias más esperadas en materia de corrupción administrativa de los últimos años al condenar a varios de los principales implicados en los casos Coral y Coral 5G, expedientes en los que el Ministerio Público acusó a una presunta red militar y policial de desfalcar al Estado dominicano por más de RD$4,500 millones mediante un entramado de nóminas irregulares, lavado de activos, empresas fachada y testaferros.
El tribunal, presidido por la magistrada Gisselle Méndez, e integrado por las juezas Tania Yunes y Jissel Naranjo, acogió parcialmente las pretensiones del Ministerio Público y dictó 20 años de prisión contra el mayor general retirado Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP); el general Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), y el coronel Rafael Núñez de Aza, señalados como piezas clave del entramado. Los tres deberán cumplir condena en centros de corrección determinados por el sistema penitenciario.
La sentencia también incluyó condenas menores para otros imputados vinculados a la supuesta estructura, mientras algunos acusados recibieron absoluciones o penas suspendidas, dependiendo del nivel de responsabilidad probado durante el juicio. El Ministerio Público había solicitado penas de hasta 20 años para los principales acusados, alegando que operaban una red organizada que utilizó recursos públicos para beneficios personales durante varios años.
¿Qué era el entramado Coral?
El caso salió a la luz en abril de 2021 cuando el Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), ejecutó arrestos simultáneos contra militares de alto rango, policías y civiles acusados de integrar un esquema de corrupción desde instituciones castrenses y organismos de seguridad del Estado.
Según el expediente acusatorio, la red habría operado utilizando nóminas fantasmas, pagos irregulares, movimientos financieros injustificados y adquisición de bienes con fondos ilícitos, incluyendo propiedades, vehículos de lujo, ganado, estaciones de combustible y empresas registradas a nombre de terceros. Parte importante del caso se sustentó en auditorías financieras, movimientos bancarios y la colaboración de imputados que decidieron cooperar con las autoridades.
Uno de los testimonios más controversiales fue el del exoficial Raúl Girón, quien fungió como testigo clave del Ministerio Público luego de admitir participación en el esquema y describir cómo supuestamente funcionaba la estructura de cobros y distribución de fondos dentro de organismos militares. Sus declaraciones fueron fundamentales para sostener gran parte de la acusación, aunque también generaron críticas y cuestionamientos de sectores que consideran que el proceso dependió excesivamente de delaciones premiadas.
Un caso emblemático para la justicia dominicana
El fallo representa un punto importante para el sistema judicial dominicano, especialmente luego de cuestionamientos surgidos tras procesos de alto perfil como Odebrecht, donde no se produjeron condenas firmes contra los principales señalados. Para el Ministerio Público, la sentencia constituye una validación de años de investigación; mientras que las defensas ya han adelantado que recurrirán el fallo en apelación, por lo que el proceso todavía no concluye de manera definitiva.
Aunque las condenas marcan un precedente, el caso todavía deberá superar el escrutinio de instancias superiores, lo que significa que la batalla judicial del expediente Coral aún está lejos de terminar.
Acerca del autor
