@abrilpenaabreu
Una denuncia de esta magnitud no puede despacharse como un simple enfrentamiento político. El exsenador Adriano Sánchez Roa asegura que en hospitales de Elías Piña los pacientes deben llevar sus propios insumos para ser atendidos. Si esto es cierto, estamos ante una violación del derecho fundamental a la salud. Y si no lo es, el Servicio Nacional de Salud tiene la obligación de demostrarlo con hechos, inventarios y datos.
Lo preocupante es que no sería la primera vez que se escuchan denuncias de esta naturaleza. Durante años médicos, gremios y dirigentes locales han advertido sobre la falta de equipos, medicamentos, materiales e incluso especialistas en distintos centros hospitalarios de la frontera.
La salud pública no se mide por la cantidad de cintas que se cortan ni por el número de edificios inaugurados. Un hospital no deja de ser un cascarón vacío si no cuenta con medicamentos, guantes, jeringuillas, suturas, oxígeno, reactivos, equipos funcionando y personal suficiente.
Invertir millones en infraestructura para luego obligar al paciente a comprar hasta los insumos básicos es como comprar un avión sin combustible: la obra existe, pero no cumple su propósito.
El Gobierno ha realizado importantes inversiones en infraestructura hospitalaria durante los últimos años. Eso es innegable. Pero la verdadera prueba del sistema no está en las inauguraciones, sino en la experiencia del ciudadano cuando cruza la puerta de una emergencia.
Si un dominicano llega a un hospital y le dicen que debe salir a comprar una jeringuilla, un catéter, una solución o cualquier otro material indispensable para recibir atención, entonces el problema no es de infraestructura; es de gestión, abastecimiento y planificación.
La respuesta no debe ser política, sino técnica. El Servicio Nacional de Salud debería informar públicamente cuál es el nivel de abastecimiento de los hospitales de Elías Piña, qué insumos están disponibles, cuáles no y qué medidas se adoptarán si existen deficiencias.
Porque el debate nunca debería ser quién hizo la denuncia. El debate debe ser si un ciudadano pobre puede recibir atención médica digna sin tener que salir con una lista de compras en la mano. Si la respuesta es no, todavía queda mucho por hacer.
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