@abrilpensabreu
Después de más de dos décadas de debates, modificaciones, vetos, observaciones y enfrentamientos políticos, República Dominicana finalmente tiene un nuevo Código Penal, y no es una noticia menor porque se trata probablemente de la reforma jurídica más importante de las últimas décadas, una que redefine la forma en que el Estado perseguirá el delito en los próximos años y que era, hay que decirlo sin rodeos, una necesidad evidente, porque ningún país puede enfrentar el crimen organizado, el ciberacoso, las estafas digitales, la desaparición forzada o los delitos financieros con una legislación concebida cuando ni siquiera existían el internet ni el sistema financiero moderno.
Los avances merecen reconocerse antes de entrar al debate, porque negarlos sería deshonesto. La incorporación de delitos que antes no estaban tipificados llena vacíos legales que durante años dificultaron la labor de fiscales y jueces. El endurecimiento de penas para crímenes particularmente graves responde a una demanda social legítima de mayor proporcionalidad. Y fortalecer las sanciones por corrupción administrativa envía un mensaje político que este país necesitaba escuchar con claridad: el patrimonio público tiene que contar con una protección penal más robusta que la que tenía.
Pero un Código Penal no se mide únicamente por la severidad de sus penas sino por la calidad de su equilibrio, porque tan importante como castigar al delincuente es impedir que una ley termine afectando derechos fundamentales, y ahí es donde comienza el verdadero debate que este país tiene que darse con seriedad y sin la euforia de la promulgación.
El aspecto que más preocupación ha generado entre juristas y comunicadores es el tratamiento de la difamación y la injuria, no porque sean figuras nuevas, llevan décadas en la legislación dominicana, sino porque el riesgo real es que puedan utilizarse para intimidar a periodistas, comunicadores, activistas o ciudadanos que denuncien actos de interés público, y esa posibilidad no es teórica en un país con el historial institucional que tiene el nuestro. Toda democracia necesita proteger el honor de las personas, pero también necesita garantizar que investigar, denunciar y fiscalizar al poder nunca se convierta en una actividad de alto riesgo judicial, porque cuando eso ocurre el que pierde no es el periodista sino la sociedad que se queda sin información.
También habrá que observar cómo los tribunales interpretan las nuevas figuras penales en la práctica, porque la mejor ley puede convertirse en un problema si se aplica con sesgos, y una norma imperfecta puede funcionar razonablemente bien cuando existe independencia judicial real, criterios claros y respeto al debido proceso, y en República Dominicana esa independencia judicial no es algo que pueda darse por sentada.
Es positivo que el propio Poder Ejecutivo haya creado una comisión de seguimiento integrada por juristas para evaluar la aplicación del nuevo Código y proponer mejoras, porque esa decisión reconoce algo que debería ser obvio pero que en la política dominicana rara vez lo es: ninguna legislación nace perfecta, las sociedades cambian, la delincuencia evoluciona y el derecho tiene que tener la capacidad de corregirse cuando la realidad lo exige.
El Código Penal no es un punto final. Es el inicio de una etapa donde la diferencia no la hará la cantidad de artículos ni el número de nuevos delitos ni siquiera el aumento de las penas, sino la forma en que fiscales, jueces, abogados y el propio Estado decidan aplicar esa ley, con el mismo rigor para todos, sin importar quién esté sentado en el banquillo.
Porque un buen Código Penal no es el que más castiga. Es el que logra proteger a la sociedad sin dejar de proteger las libertades que sostienen una democracia. Y esa prueba, la única que realmente importa, apenas comienza.
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